La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) provincial informó que se adherirá al paro convocado por ATE nacional para el próximo miércoles 6 de diciembre, en todo el país, en contra de la reforma laboral que intenta implementar el Gobierno de Mauricio Macri y “que derivará en más precariedad laboral, reducción de salarios y de aportes en el sistema de seguridad social, y más despidos” indicaron desde la entidad nacional.
La medida además contará con la participación, a nivel nacional de la CTA Autónoma: FESPROSA, AAPM, docentes universitarios enrolados en la Conadu Histórica, CICOP, ADEMYS, Trabajadores del Cuero, UCRA, SUTNA, AGD-UBA así como los gremios de Aceiteros, SIPREBA, los trabajadores ferroviarios de la línea Sarmiento que encabeza Rubén Darío «Pollo» Sobrero, la Asociación de Abogados Laboralistas, SITRAIC, y las juntas internas de FOETRA, Alimentación y Pepsico junto a las organizaciones sociales Barrios de Pie, CTEP y la Corriente Clasista Combativa.
En Buenos Aires se realizará una movilización desde el Congreso hasta Plaza de Mayo y en la provincia aún no se ha definido si el paro se acompañará con alguna manifestación en las calles tanto de Río Grande como de Ushuaia.
Desde ATE informaron que la medida es en rechazo a la reforma laboral y previsional y los pactos fiscales que firmaron las provincias con el Gobierno nacional; en repudio a las políticas de ajuste del Gobierno nacional y los gobiernos provinciales; en contra de la precarización laboral y los despidos; por la incorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos y el 82 por ciento móvil para los jubilados.
Afirmaron que es «un plan sistemático de eliminación de derechos conquistados durante más de un siglo» y que «esa ofensiva procura introducir contenidos de flexibilización laboral en los convenios colectivos, continuando con los ejemplos de Vaca Muerta, la industria lechera, los metalúrgicos de Tierra del Fuego y el desfinanciamiento del sistema de seguridad social, que provocará la inmediata reducción de las contribuciones patronales».
Asimismo remarcaron que el proyecto contempla modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo que «implican reducir de forma sustancial las indemnizaciones por despido; favorecer la tercerización al eliminar la responsabilidad de las empresas principales en casi todos los supuestos; debilitar el principio de irrenunciabilidad; fortalecer la capacidad patronal de cambiar de manera arbitraria las condiciones laborales; desdibujar una jornada limitada de trabajo a través de la imposición del banco de horas y trabar el reclamo judicial de créditos laborales».
