Dentro de las irregularidades que encontró la nueva gestión del Instituto Provincial de la Vivienda, se encuentra el caso de 3 funcionarios de la administración anterior, a los que se les otorgaron casas de servicio, pero que a más de un mes de finalizado el Gobierno, no las devuelven.
“Hay funcionarios que han tenido viviendas de servicio y las tienen que devolver”, advirtió la presidenta del IPV Leticia Hernández, por Fm Aire Libre.
El IPV cuenta con viviendas que tiene la institución bajo un marco de arraigo, que se destinan a médicos, y funcionarios, durante el periodo que lleve en su mandato. Luego, deberán devolverla siguiendo todas las instancias administrativas.
En este caso se trataría de tres viviendas que no corresponden a un barrio de servicios ni son casas de funcionarios.
Quienes actualmente viven en esas casas son dos directivos del Canal local y otro funcionario dentro del ámbito del ministerio de Obras Públicas.
“Hay algunos que pidieron más tiempo para dejar los lugares”, explicó Hernández. Y agregó: “Yo no tengo una casa de servicio en Ushuaia, pivoteo en las tres ciudades porque no las devolvieron”.
Según Hernández, “tenemos médicos y otras personas que vienen de paso y necesitamos los lugares”.
Hernández lleva adelante una auditoría en el IPV, luego de las numerosas denuncias recibidas por los vecinos, que tienen que ver con el supuesto incumplimiento del reglamento del Instituto en cuanto a la adjudicación de viviendas sin respetar la antigüedad en la isla.
“Esto le pone un marco legal y hacer una auditoria hacia atrás de cómo fueron entregadas estas viviendas. Para ponerle un marco a esta cuestión se pidió una auditoria. En caso de que se compruebe que no se cumplió con la normativa de entrega, tiene que ver con el mal desempeño de los funcionarios de la gestión anterior”, dijo la presidenta del Instituto.
Gustavo Vázquez fue el presidente del IPV durante la gestión de la gobernadora Rosana Bertone, y estuvo secundado por el vicepresidente, Fabio Escobar.
La auditoría no sólo está enfocada a Río Grande, sino a las tres ciudades, ya que existen denuncias por irregularidades en la entrega de viviendas en el sector 2 del Barrio Río Pipo, de Ushuaia.
También hay denuncias de morosidad, de beneficiarios que dejaron de pagar, o de viviendas subalquiladas, lo que está terminantemente prohibido.
“En casi todas las situaciones hay niños de por medio. Si la familia no cumple con los 4 años reglamentarios, vamos al lugar y hay un matrimonio con criaturas, eso no se pude hacer, son viviendas otorgadas hace bastante, no es la idea apuntar a una desadjudicación, apuntamos al mal desempeño de los funcionarios”, dijo la presidenta.
Y agregó que “hubo una manipulación con la necesidad de la gente, y ciertos funcionarios no pueden estar caminando por la calle”.
Algo que destacó Hernández es “la transparencia” y “la antigüedad”, como la base de la adjudicación. En estos momentos, hay 4700 personas anotadas en la lista de espera, sólo en Río Grande.
