El doctor Virgilio Martínez de Sucre emitió un dictamen sobre el Convenio firmado entre la administración de Rosana Bertone y los gremios ATE, UPCN y ATSA aconsejando al Gobierno actual que verifique de forma exhaustiva si se “ajuste al orden público vigente y al interés general”.
El escrito, con fecha del 6 de enero, surgió luego de la denuncia de José Luis César Jairo. Ahora el gobierno de Gustavo Melella está habilitado para derogar el decreto 4115/19 por el cual se aprobó el Convenio Colectivo para los agentes públicos de la administración central. Cabe destacar que Melella ya había cuestionado el convenio por “ilegal”.
“El Ministerio de Trabajo deberá proceder urgentemente a verificar de forma exhaustiva y acabada si el convenio colectivo celebrado el 28 de noviembre del corriente se ajusta al orden público vigente y al interés general, observando aquellas cláusulas que resultan repudiables a aquellos”, dice un párrafo del dictamen.
Y subraya “llamativas anomalías” como la prescindencia total del sistema de negociación establecido hasta el momento, o que no intervienen los representantes paritarios ni se respeta el reglamento interno de la comisión.
También señala que “se forman expedientes administrativos independientes”, “se desecha todo lo actuado hasta el momento y se propone un nuevo temario desde cero, a ser tratado fuera del ámbito de la cartera laboral, todo sin brindar ninguna explicación.
Según el escrito de Martínez de Sucre, “la reactivación de las comisiones paritarias se produce luego de más de cuatro años de no ser convocadas y a escasas semanas del recambio de autoridades provinciales. Luego, al extenso acuerdo se arriba en un plazo no mayor a un mes, sin constancia del debate habido en el seno de las partes”.
También cuestiona que el convenio “adolece de evidentes defectos de redacción, repite la numeración de artículos para clausulas distintas, demuestra una estructura confusa que ubica indistintamente título dentro de capítulos y viceversa, por mencionar algunas de los vicios” y puntualizó que “queda claro que lo ocurrido no coayuda a dotar de transparencia y legitimidad al proceso de negociación”.
“El acto homologatorio del Ministerio de Trabajo y el decreto emitido por el Poder Ejecutivo exhiben claramente una serie de irregularidades que me convencen de la necesidad de llevar a cabo por parte de la administración una pronta revisión de lo actuado”, agrega el fiscal.
Y advierte que “el Ejecutivo deberá subsanar las omisiones incurridas en el decreto 4115/19 y someter la totalidad de las cláusulas que impliquen incremento del gasto corriente, impacto y/o modificación de partidas presupuestarias, incluyendo las que estime pertinente el Tribunal de Cuentas”.
