48 horas antes los ediles habían sido notificados del llamado a sesión especial para adherir, a pedido del intendente de la ciudad, a la ley 1.233 para cumplir el compromiso público que el mandatario capitalino había hecho tras la aprobación de la misma en la legislatura.

La sesión, que tenía otros temas en el temario menos polémicos, comenzó cerca del mediodía con el planteo inicial de la misma. El concejal del Espacio de Concertación Social (ECoS), Silvio Bocchicchio pidió el uso de la palabra y cuestionó duramente no solo los objetivos de la ley, sino también el articulado de la misma aduciendo que no podía ni siquiera cumplir con el objetivo para el que había sido planteada.

Para el concejal los métodos propuestos en la ley sancionada por la Legislatura no solo son fácilmente vulnerables, sino que además no resuelven el problema de fondo al solicitar la expulsión del funcionario en cuestión quien da positivo al test.

Bocchicchio relató que supo de la sesión especial 48 horas antes de la misma y previendo la alguna acusación en su contra por oponerse a la adhesión a la misma, se realizó un estudio clínico como el descripto en la ordenanza.

El concejal expuso los resultados en la mesa que compartían sus pares en la sala de comisiones del edifico ubicado sobre calle Piedra Buena donde se realizaba la sesión especial. Insistió en que lo hizo para que “no empiecen a operar con sus estupideces habituales: que quien se opone a esta absurda ley, por lo menos como está redactada es un drogadicto que busca encubrir algo”.

“Voy a decir que me hice el análisis de sangre y orina, y acá están los resultados -remarcó el concejal-. Para mostrar, todo negativo: cocaína negativo, marihuana negativo, anfetaminas negativo” enumeró entre otras toxinas que incluyen el estudio como éxtasis y morfina.

Recordó que “no fue que elegí la fecha para hacerme el estudio. Porque la verdad que nos enteramos el martes hoy es jueves y fui ayer porque era el único día que nos quedaba”. Insistió en este punto y agregó que el interés de hacer hincapié en la fecha era para que “los estúpidos no tengan un argumento, aunque lo van a buscar igual. Y segundo para medir el nivel de credibilidad de estos análisis, porque ya estamos escuchando, por las redes sociales o la gente que hablamos, que los políticos seguramente tienen truchada la forma de que les de negativo”.

Bocchicchio recordó los cuestionamientos a la normativa sancionada por el parlamento fueguino “está en el corrillo de la comunidad ¿por qué descreen de esta forma tan tajantemente de la eficacia de estos estudios? Porque está muy disponible la información que, primero, el método que se eligió en la ley 1.233 que es el de la orina es el más vulnerable, y también porque saben que, por la información disponible, que cualquier funcionario puede especular entre los días de permanencia de la droga en el cuerpo y la fecha que elije para hacerse el análisis”.

Tras el planteo el edil de ECoS solicitó que el tema sea derivado a Comisión para “darle el debate que no tuvo en la Legislatura”. La moción de Bocchicchio no prosperó. La votación resultó 5 contra 1, por lo que el edil presentó sobre tablas la incorporación de un nuevo proyecto que incluía no solo la adhesión a la ley 1.233 sino además una serie de artículos que permitían salvar las falencias que señalaba el concejal del proyecto que había llegado desde la Legislatura.

Bocchicchio argumentó que la propia ley “en un momento dice ‘este procedimiento puede ser reemplazado por otros exámenes en función de su mayor precisión y efectividad, y así hemos averiguado que el análisis de sangre es el más preciso, vamos a proponer que en el ámbito de la municipalidad de Ushuaia el análisis se haga por sangre. Porque el de orina es el más vulnerable y el menos preciso”.

Además, que la implementación de la norma sea por sorteo, en lugar de elegir el funcionario cuándo quiere realizarse el test. Planteó que “tiene que haber un sorteo y en un lapso no mayor de 48hs entre que es sorteado el funcionario y se tiene que hacer el análisis no pueden pasar más de 48hs”.

Otra de las incorporaciones planteadas por el edil señala que “en caso de que un funcionario municipal sea hallado adicto a estas drogas, el sistema público lo contenga. No como hace la ley 1.233 que lo expulsa y lo tira a la banquina. Además, definimos la autoridad de aplicación. Este proyecto de ordenanza que nos propone para adherir a esta ley no prevé autoridad de aplicación, se suma la discrecionalidad de la fecha”.

“No es una crítica a la gestión” aclaró Bocchicchio, “el peor trabajo lo tiene la gobernadora que tiene que reglamentar la ley 1.233 donde, como no dice quién paga, presumiblemente lo puede absorber la obra social” agregó.

Ante la intención del resto de los pares de aprobar por un lado la adhesión, y por otro, analizar en la próxima sesión ordinaria la propuesta de Bocchicchio, el concejal recordó que “no modificamos la ley, que necesitaría una buena modificación para que sea aplicable, para que resuelva al menos el problema que dice querer resolver”.

Insistió en que “estoy de acuerdo con que este análisis se puede hacer, no estoy de acuerdo con la hipocresía. Este es un análisis para no decir nada”. Es entonces cuando solicita la palabra el concejal mopofista Ricardo Garramuño quien aseguró estar “acompañando en la totalidad del proyecto del concejal Bocchicchio. Creo que si las voluntades están para acompañar el proyecto creo que se puede hacer tranquilamente. La adhesión con los artículos que nos explicó el concejal”.

Bocchicchio insistió en que “si podemos tratar este asunto que es más urgente que la adhesión simple a la ley, porque establece criterios para que sea aplicable en el ámbito de la ciudad. No entiendo por qué hicimos una sesión especial para tratar la adhesión como si fuese urgente si realmente lo que invita a creer en la ley son estas modificaciones. Tampoco entiendo por qué vamos a tener dos ordenanzas sobre el mismo tema”.

“La gente no va a creer en lo que aprobemos hoy, ya no cree en lo que aprobemos hoy.  Estamos acá para resolver, no para caretear” remarcó el edil, quien pidió subsanar el problema de la ley.

Finalmente, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Pino solicitó la lectura por secretaría del proyecto de adhesión más los artículos propuestos por Bocchicchio para luego votar la adhesión. El concejal Gastón Ayala pidió que se agregue “que el costo de los análisis va a correr por cuenta del funcionario, para no acarrear un gesto al presupuesto municipal”.

El proyecto de ordenanza fue finalmente sometido a votación junto con las modificaciones propuestas y resultó aprobado por unanimidad.

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