El representante legal de Horacio Catena, secretario General del SUTEF y la CTA Autónoma, el doctor Raúl Aciar no descartó que el dirigente gremial, pueda ser reinstalado por la vía judicial, con lo cual el estado deberá pagar las indemnizaciones correspondientes.

En declaraciones a Radio Provincia, el abogado de Catena consideró “desprolijo” que se firme ya el decreto, sin esperar la resolución judicial de un proceso que “sigue en marcha”. Recordó que “todo empleador tiene la necesidad de pasar por el filtro judicial cuando se despide un trabajador que es dirigente de algún sindicato, y se llama exoneración al ser un empleado público. Es necesario que el Poder Judicial diga si está bien despedido o no, y si constituye una persecución sindical. Esto no significa que sea la última palabra, porque está en trámite un proceso contencioso administrativo que debe decir si está bien despedido o no el trabajador, y sigue en trámite, por lo que existe la posibilidad a futuro de que un juez ordene la reinstalación”.

El doctor Aciar aclaró que “la exoneración es la notificación del despido pero no es la última palabra, porque existe la posibilidad de la reinstalación, que trae como consecuencia además el pago de los salarios caídos y algún otro tipo de indemnización” al tiempo que señaló que existe la posibilidad de Catena de continuar al frente del gremio. “Estatutariamente no deja de ser Secretario General. Así está aprobado por la autoridad nacional, y su condición de secretario general sigue vigente pese a la exoneración, porque esto no está terminado”.

Asimismo el abogado aclaró que Catena fue notificado el lunes y a partir de esa fecha rige el despido. “Hubiera sido más prudente que se esperara a la finalización de todos los procesos, porque hay un despropósito que tiene que ver con el resultado final del cuestionamiento judicial sobre el origen de la exoneración, y eso no está terminado. Sería más prolijo que se termine y después se proceda, porque existe una posibilidad seria de que a futuro se ordene la reinstalación y todo esto no tendría ningún sentido, ni para el Estado como empleador, ni para el docente como trabajador. Desde ahora hasta el momento de la reinstalación, el estado tendrá que pagar los salarios caídos además de la indemnización”.