Por Pablo Riffo.
Se conoció este martes la decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto del pedido de inconstitucionalidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que el presidente había cursado para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a ciertos productos de la canasta básica, y un porcentaje del Impuesto a las Ganancias; reduciendo recursos coparticipables que llegan a las provincias.
Así la Corte resolvió dictaminar una medida cautelar obligando al Estado Nacional a restituir los fondos coparticipables que habían reclamado. Las primeras impresiones tras conocerse la novedad fueron positivas.
La propia gobernadora de la provincia, Rosana Bertone, consideró que “si bien aún no he tenido tiempo de analizar el fallo en profundidad, creo que es lo que corresponde”.
La mandataria fueguina confesó que “tampoco tenía muchas expectativas de que el fallo saliera ahora” pero remarcó que “es un fallo que permite respetar lo que nos corresponde a las provincias, y ese era el objeto que teníamos cuando litigamos”.
El ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, José Luis Álvarez, en contacto con Tiempo Fueguino explicó que aún se analiza el alcance de la medida junto al ministro de Economía. “No se expresa sobre la cuestión de fondo aún que la inconstitucionalidad de los DNU”.
Detalló que la sentencia de la Corte “determina, en primera medida, que existe verosimilitud de derecho, de las provincias, dado que las mismas habían establecido dentro de sus presupuestos provinciales, como recursos para su normal funcionamiento, los que estaban previstos en la coparticipación, según presupuesto nacional 2019”.
“Que existe un peligro en la demora, en caso de que no reciban esos fondos, y se demore la resolución de la cuestión de fondo, porque afectan los Derechos Humanos que los ciudadanos que componen el Estado Federal” describió, haciendo alusión a que las provincias tenían establecidas políticas de salud, educación, seguridad, etc., “en base a una hipótesis que es alterada arbitrariamente” algo que puede desencadenar en la alteración “de los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos”.
El Tribunal explícitamente mandó al Estado Nacional a la restitución de los fondos “y que las provincias puedan cumplir con sus obligaciones previstas en base a recursos que ya estaban comprometidos”.
Álvarez recordó que se elaboró un presupuesto, “y asumimos responsabilidades económicas” como, por ejemplo, el pago de salarios.
“La alteración de los recursos corrientes que vienen por coparticipación, determinan las posibilidades de generar dificultades en el cumplimiento del pago de los salarios” remarcó, pero también “en materia de salud, de obras públicas, de seguridad; no contar con los recursos presupuestados puede generar una alteración de los derechos fundamentales de los fueguinos”.
El funcionario provincial resaltó que la sentencia de la Corte Suprema determinó que “hay un sujeto que es la población que son los que van a sufrir rápidamente la alteración de sus derechos por una decisión unilateral del Ejecutivo Nacional”.
Consultado sobre cómo se espera que se resuelva la decisión de la Corte, Álvarez aventuró una concertación, “una reunión entre los ministros de economía de las provincias con el Gobierno Nacional para determinar el mecanismo de esa devolución”.
Esto dado que el Poder Judicial no tiene incidencia respecto de las partidas que se verán afectadas para el cumplimiento de la sentencia, sino que “se deberá establecer de común acuerdo” interpretó Álvarez.
Efectos
Acerca de los efectos en materia financiera que había afectado el DNU presidencia, Álvarez recordó que la retracción de fondos alcanzaba los 500 millones de pesos sobre octubre y noviembre.
“Empezamos a sufrir mermas en el mes de septiembre del goteo de coparticipación” remarcó el funcionario quien aseguró que el ministro de Economía, José Labroca -con quien había estado analizando el alcance del fallo-, “no ha recibido ninguna comunicación de Nación al respecto”.
Aventuró sin embargo que la gestión Macri podría buscar “algún recurso contra esa sentencia para suspender los efectos de la misma”, algún recurso de reposición, buscando la manera de frenar el fallo. “Si no encuentran ninguna salida, no les quedará otra que cumplir con el fallo de la corte”.
Según la interpretación del ministro, hay que esperar para conocer cómo se hará efectiva la restitución de los fondos retraídos. “Hay dos posibilidades que tiene el Ejecutivo Nacional: una es acatar el fallo y convocar a los responsables de Hacienda de cada provincia para determinar el mecanismo de remisión de los fondos; o resistir el fallo con algún tipo de recurso buscando que no quede firme el mismo y poder ganar tiempo”.
Sin novedades
Consultado acerca de la judicialización del congelamiento de hidrocarburos que también lleva adelante la provincia, Álvarez aclaró que “todavía no hubo novedades al respecto”.
“No hemos tenido novedades al respecto, estamos esperando a ver qué sucede” especificó. De manera similar a lo sucedido con los recursos coparticipables, tras conocerse del DNU presidencial que congelaba los precios de los hidrocarburos derivó en otra causa judicial iniciada por las provincias petroleras de las que también es parte Tierra del Fuego.
La decisión que tomó la mayoría de la Corte Suprema compuesta por los jueces Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti y que hizo lugar a un reclamo de la provincia de Entre Ríos fue extensiva al resto de las provincias que judicializaron los DNU: Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
