Ante la ola de críticas que desató la resolución 956/ 2018 con que el Ministerio de Seguridad permite que la Policía use armas letales y las dispare contra una persona que huye, la titular de esa cartera, Patricia Bullrich, salió a aclarar que esa disposición “no tiene nada que ver con la movilización” contra el G20 convocada por organizaciones sociales, políticas y gremiales. Sin embargo, su aclaración tuvo un punto llamativo. Dijo que entre los efectivos que vigilarán esa convocatoria “no va haber armas letales” sino “específicas” para esa ocasión. Pero no especificó cuáles.

En una conferencia realizada en el predio de Costa Salguero, sede de la reunión de presidentes, la funcionaria aseguró que la modificación al protocolo que regula el accionar policial “no tiene nada que ver con la movilización” contra la cumbre.

“En la manifestación no va a haber armas letales sino específicas, no letales”, subrayó y explicó que esa modalidad “es una fórmula que la adaptan las personas de las custodias de los presidentes”, que sí están autorizados a disparar en caso de riesgo contra la autoridad.

Lo que el Ministerio modificó fue el “Reglamento General para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”, para readaptarlo a las necesidades en “situaciones de peligro inminente de ataque con armas letales contra las figuras de los líderes”, sin que a esto lo homologuen las custodias de los presidentes extranjeros.

La aclaración de Bullrich tuvo como intención llevar calma a quienes participarán de la marcha contra el G20 y con quienes dijo haberse reunido para poner puntos en común: “Llegamos a un acuerdo para no tener eventos violentos”, dijo. No obstante, advirtió que esa convocatoria estará prácticamente blindada por las fuerzas de seguridad con al menos 2200 efectivos, una cifra que supera el operativo de seguridad de un superclásico entre Boca y River.

“Los 22 mil miembros de seguridad están principalmente en las zonas de exclusión. A la movilización no sabemos cuánta gente va a ir. Los policías que van a ir van a ser 2500, el 10 por ciento”, calculó la ministra. “Pidieron usar la Avenida de Mayo y nosotros hemos acordado, va a haber un cerco y a partir de Avenida de Mayo y 9 de Julio no van a poder pasar”, agregó a modo de advertencia.

Por su parte, la abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial (Correpi), María del Carmen Verdú, calificó de “ilegal” el reglamento emitido por el ministerio y sostuvo que esa norma refleja las “excusas” que habitualmente dan uniformados ante casos de “gatillo fácil”.

“Este reglamento es absoluta y completamente ilegal”, enfatizó a Noticias Argentinas (NA) y señaló que la letra de esa disposición “dice totalmente lo contrario” del o que mandata Naciones Unidas. La ONU “establece rigurosamente criterios para el uso de armas de fuego” y dice que “un policía no puede sacar el arma y mucho menos usarla si no está confrontando una agresión de igual calidad, o sea si no le están disparando”, explicó.