Un grupo de abogados defensores de los militares acusados por torturas acusaron al fiscal federal Marcelo Rapoport de “ideologizar la causa” y a los soldados demandantes de “perseguir un objetivo económico” detrás de sus denuncias por torturas.
“Esta lentitud de la jueza Borruto permite que se empiecen a armar estas estrategias”, dijo Ernesto Alonso, del CECIM.
Uno de los abogados defensores de los supuestos torturadores cuestiona la jurisdicción del juzgado de Río Grande sobre las islas. “Eso es parte de esta estrategia, porque el llamado a indagatoria se postergó, estos grupos de abogados defienden a los genocidas, niegan las torturas cometidas y se suman a negar las torturas en Malvinas”, agregó Alonso por Radio Nacional Ushuaia.
Según el funcionario, “estas personas defendieron el 2X1, que fue rechazado por la presión social, ninguno de ellos ha dicho por qué torturaron en Malvinas. Plantean la prescripción de los hechos y de cosa juzgada sobre un caso. Estamos hablando de que el lobby militar sigue presente, esta gente pertenece a ese lobby. Son todas chicanas jurídicas que tratan de dilatar el proceso”.
“A mí me han denunciado por dichos que hice, y yo tengo un rol institucional, personalizan todo y hay más de 120 hechos denunciados, demasiadas personas que han prestado su testimonio, y si es falso, pueden ir presos por falso testimonio, hasta hay nuevos hechos denunciados incorporados al expediente”, afirmó Alonso.
Y remarcó que “esto queda muy en evidencia, aparecen estos grupos, sin fundamentación, el alegato que sostienen no tienen sustento legal, pero no nos preocupa, nos preocupa el retraso de la justicia”.
