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Río Grande
18 de abril de 2024

A dos años de la desaparición del submarino, los familiares de los tripulantes siguen pidiendo saber qué pasó

Hoy se cumple el segundo aniversario del naufragio del submarino ARA San Juan. Esta tarde a las 19 hs en el Paseo de Veteranos de Malvinas habrá un acto homenaje organizado por los familiares de los tripulantes desaparecidos.

En Mar del Plata, el jefe de la Armada, almirante de Infantería de Marina, José Villán organizó una ceremonia para entregar medallas de reconocimiento a los familiares. El acto tendrá lugar a las 1530 en la Base Naval Mar del Plata asiento de la Fuerza de Submarinos, estarán presentes algunas autoridades del Gobierno, pero no así Oscar Aguad, Ministro de Defensa, por “cuestiones de agenda”. El cambio de gobierno anticipa una revisión en las responsabilidades políticas sobre la pérdida de los 44 y su nave.

Durante las investigaciones del naufragio llevadas a cabo en el Congreso por la Bicameral Especial, la línea opositora al Gobierno actual buscó pegar al ministro de Defensa y a Mauricio Macri por ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sí se espera la presencia del intendente electo de la Ciudad Feliz, Guillermo Montenegro (PRO), que se desempeñó como vicepresidente de la Comisión Bicameral Especial que investigó el hundimiento del San Juan. Los familiares directos (cónyuges o padres) de los submarinistas recibirán de manos del jefe naval Villán la medalla “Al Honor Militar”. En la ceremonia también se leerá una carta enviada por el Papa Francisco.

Mientras que el juzgado federal de Caleta Olivia, a cargo de Marta Yañez avanzó en la investigación con la indagatoria a altos jefes navales. Se trata del contralmirante Luis López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento -pidió un aplazamiento y comparecerá el 25 de noviembre- y el capitán de navío Claudio Villamide que declaró el 7 de noviembre pasado.

A los indagados se les acusa de “incumplimiento en los deberes de funcionario público”. La declaración indagatoria del capitán Villamide se extendió por más de 6 horas, el tribunal orientó las preguntas con eje en las condiciones de seguridad náutica y de mantenimiento así como los antecedentes de reparaciones anteriores del buque.

La pregunta que se hacen los familiares es ¿por qué no se impidió la navegación si el buque no estaba en condiciones? El supuesto que anima al tribunal surge de varias cajas de antecedentes, informes de auditoría de la Armada, pedidos de reparación, archivos de la reparación de media vida, y en particular del último informe que elaboró y firmó el propio comandante del submarino capitán de fragata Pedro Fernández, en setiembre de 2017. Allí listaba todas las fallas que tenía el San Juan en ése momento.

La serie de tareas de mantenimiento pendientes, la falta de certificación de las escotillas de escape, elementos de salvamento con fechas vencidas, perdidas de aceite en motores, periscopio de observación fuera de servicio, equipos de comunicación con fallas, etc, no comprometían la navegación. Los faltantes de equipos y los mecanismos defectuosos señalados por el extinto capitán Fernández no presuponían un peligro inmediato para la seguridad de la nave y su tripulación, así lo firmó el propio comandante del submarino.

La extensa lista no incluyó fallas de gravedad en el sistema de baterías o en el snorkel. Antes de la zarpada de Ushuaia aquel 13 de noviembre de 2017 hacia su destino final en el Atlántico sur, desde el comandante Fernández hasta el último tripulante cumplieron con el protocolo de revisión de seguridad náutica sin registrarse novedades ni impedimentos.

“Recuerdo el ultimo día que lo pude ver a mi hermano en Ushuaia, el ultimo puerto que tocó el submarino. A dos años no tenemos nada, nadie sabe lo que pasó, solo lo saben ellos y Dios”, dijo Rafael Enríquez, hermano de Víctor, uno de los tripulantes desaparecidos, por Fm Aire Libre.

Y agregó que “el estado no dio la cara. Pedimos que se aclare lo que pasó, porque todo un país quiere saber y por qué pasó”.

Sobre la investigación que lleva adelante la jueza de Caleta Olivia, Enríquez aseguró que las imputaciones deberían ir más arriba. “Hay 12 militares que se negaron a declarar, hubo un trabajo de investigación en la comisión bicameral que había determinado las causas, pero tampoco nos dio algo resuelto. Los familiares estamos esperando que se resuelva y seguimos con los reclamos judiciales”.

 

 

 

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