Una multitud celebró en las calles la aprobación del Matrimonio Igualitario; ese día histórico fue el 15 de julio de 2010. Fue una de las leyes que posicionó a la Argentina como uno de los países pioneros en reconocer los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Hoy se cumplen 9 años de la sanción como promulgación de la ley.

La vigilia duró más de 12 horas, afuera del Congreso la población se mantenía de pie a pesar de los pocos grados de sensación térmica. Faltaban apenas cinco minutos para festejar la aprobación de una ley que volvió a Argentina un país de vanguardia en materia de derechos: la Cámara Alta había legislado el matrimonio igualitario por primera vez en Latinoamérica con una votación ajustada, 33 afirmativos contra 27 negativos y 3 abstenciones.

El artículo 2 de la Ley 26.618 de Matrimonio Civil del 2010 -conocida como la Ley de Matrimonio Igualitario- establece “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. Es una ley que nace como del resultado de campañas amplias llevadas a cabo por las organizaciones LGBT, que van desde proyectos de leyes de unión civil a una serie de amparos y fallos judiciales.

Si bien dentro del recinto había sucedido un acontecimiento histórico, el debate tuvo un gran lobby antiderechos que se trasladó a los programas de televisión y que hacía predicciones fatalistas. “No al matrimonio gay. Lo primero es la familia. Con esta ley se destruye la sociedad”, se leía en un cartel que sostenía el hijo de Alfredo Olmedo, un niño que ni siquiera había cumplido los 12. En esa época, el diputado ya se paseaba con su campera amarilla en los medios, de la misma manera que lo hizo durante el debate por el aborto legal.

A pesar de que ya son nueve años de la aprobación de la ley, aún se conocen casos de parejas golpeadas en la vía pública o expulsadas de boliches como de restaurantes.

En la misma línea se encuentra la Ley 23.592 Antidiscriminatoria data de 1991, la cual explicita en el artículo N°1 “se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”. La misma ley está en discusión por una posible reforma que incluya los motivos de identidad de género y la orientación sexual.

Luchar, exigir y resistir

Si bien la lucha por el reconocimiento y la posibilidad de casarse empezó en los años 90, en 2002, bajo presión de organizaciones como la Comunidad Homosexual Argentina, la Legislatura de Buenos Aires promulgó una ley que estableció uniones civiles para parejas del mismo sexo. De esta manera, se convirtió en la primera ciudad en América Latina en hacerlo.

La ley garantizaba algunos de los derechos de un matrimonio como la incorporación a la obra social y visitas hospitalarias, pero no incluía el derecho a la adopción o la herencia.

Asimismo, se aprobaron leyes similares en la provincia de Río Negro en 2003, en las ciudades de Villa Carlos Paz en 2007 y en Río Cuarto como en Villa María en 2009. Finalmente, en 2005 la Comunidad Homosexual Argentina presentó una Ley de Unión Civil ante el Congreso de la Nación, la cual incluía el derecho a la adopción, pero la misma nunca llego a ser votada, tras lo cual la organización LGTB empezó a concentrar esfuerzos en el matrimonio igualitario.

En 2009 organizaciones LGTBQI+ lanzaron una campaña nacional por el matrimonio igualitario. En noviembre de ese mismo año, en un caso presentado por una pareja homosexual, una jueza de la Ciudad de Buenos Aires falló en la incapacidad de conseguir un matrimonio igualitario como inconstitucional. Sin embargo, otra jueza declaró nulo ese mismo fallo.

Finalmente, la pareja participó en el primer matrimonio del mismo sexo en la Argentina a finales de diciembre en Ushuaia, cuando la gobernadora admitió la sentencia original. Mientras tanto, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays Bisexuales y Trans habían lanzado una campaña de cientos de recursos de amparo por todo el país. Aunque el amparo había sido rechazado en Córdoba, se establecieron ocho matrimonios antes de la aprobación de la ley nacional.

Los proyectos avanzaron y en mayo de 2010, la Cámara de Diputados aprobó una combinación de dos leyes propuestas para modificar el Código Civil a fin de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por último, el Senado aprobó la Ley 26.618 el 15 de julio de 2010.

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el cual entró en vigencia el 1° de agosto de 2015, establece: «Ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio, y los efectos que éste produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo.»

A nueve años, todavía hay una deuda pendiente.